Las amenazas comerciales y político-militares de Trump

La transición en México y la perspectiva estadounidense

Puede que lo anterior nos ayude a comprender la dimensión económico-comercial de la crisis actual, así como a tener una idea de lo que sucede en México, pero no da una imagen completa. Es por eso que se aterrizará la crisis respecto a la dimensión armada de la seudoguerra civil en México —que afecta tanto a la seguridad nacional como a la regional— de manera más detallada aparte.

El temor de una invasión estadounidense en México se basa no solo en la retórica de Trump, sino en que varios políticos estadounidenses han mencionado por décadas la necesidad de ocupar el país. El exsecretario de Defensa de Ronald Reagan, Caspar Weinberger, precisamente publicó en 1998 un libro titulado The Next War, en donde presenta posibles escenarios geopolítico-militares, entre los que se encuentra la posibilidad de que Estados Unidos tendría que invadir México a causa del narcotráfico y la inseguridad, lo que afectaría la seguridad nacional estadounidense. Esta tendencia de políticos norteamericanos hablando de una posible invasión a México para lidiar con el narcotráfico no ha terminado, pues en los últimos años, varios congresistas republicanos hablaron sobre la viabilidad de una intervención militar estadounidense para eliminar a las organizaciones criminales (Araujo, 2023).

El problema con este hipotético escenario y las sugerencias o ‘pronósticos’ por parte de políticos estadounidenses es que no reconocen ni la realidad geopolítica norteamericana ni la mexicana. El plan de invasión que planteó Weinberger, por ende, se ha tomado como una realidad absoluta, de forma que al comparar la situación actual en México con el escenario que planteó el exsecretario estadounidense en 1998, así como con las amenazas actuales de Trump, se cree que dicho escenario se ha vuelto más probable. Sin embargo, el problema de este paradigma sociopolítico es que se basa fundamentalmente en una falta de comprensión de lo que se vive en México. La situación en el país es mejor entendida desde una perspectiva tanto geopolítica como cíclica.

La crisis que atraviesa el país mexicano es mucho más compleja de lo que se suele imaginar. Desde la perspectiva estadounidense y del público en general —incluyendo al mexicano—, lo que sucede en México es un caos total, resultado de la guerra contra el narcotráfico en Estados Unidos, con el Estado mexicano cada vez más cerca de ser un Estado fallido, en donde la falta de iniciativa por parte del gobierno y sus fuerzas armadas se debe a la inmensa corrupción, lo que ha imposibilitado su capacidad para lidiar con las organizaciones criminales en el país.

No obstante, como ya se había esbozado hace unas líneas, esta crisis y elementos clave de la misma —como la corrupción— son resultado de factores geopolíticos y cíclicos. Durante la segunda mitad de cada siglo en México ocurren reformas y cambios estructurales que generan un conflicto a lo largo de las primeras décadas del siglo entrante, específicamente en los periodos de regionalismo geopolítico, cuando el Estado central se debilita y el país se fragmenta geopolíticamente. Las reformas borbónicas generaron la Guerra de Independencia y las políticas económicas liberales de Porfirio Díaz crearon un sistema que colapsó —por el carácter de la propia estructura del régimen porfirista— y desembocó en la Revolución Mexicana. Ambos casos culminaron en un conflicto armado —concretamente una guerra civil— en el siglo entrante. De la misma manera, las reformas tecnocráticas ocasionaron las fricciones y tensiones que desencadenaron en la guerra contra las drogas, una seudoguerra civil. Es así como este conflicto en México se volvió inevitable, dado el contexto del ciclo geopolítico de regionalismo y los procesos que resultaron del mismo.

Visto más a fondo, las reformas borbónicas atentaron contra un régimen y una estructura de poder que empezaban a perjudicar al Imperio español, de ahí la respuesta armada. Lo mismo sucedió con las políticas liberales del Porfiriato, cuyo objetivo era estabilizar y reconstruir al país, pero su estructura seguía siendo endeble y no había resuelto el problema geopolítico mexicano de fondo, por lo que terminó en una lucha revolucionaria. Así mismo, las reformas tecnocráticas de las décadas de 1980 y 1990 fueron un intento de dar fin al régimen unipartidista del PRI que estaba en crisis social, política y económica, y atentaba contra la estabilidad política y la seguridad nacional mexicanas. Por ende, dichas reformas estaban destruyendo no solo al régimen, sino a su estructura de poder y su contrato social posrevolucionario —también llamado ‘cardenista’—. El problema es que ningún régimen o estructura de poder caen sin algún conflicto, en especial dado el contexto geopolítico mexicano predominante durante los últimos dos siglos —plagado, como ya se vio, de luchas de poder y guerras tanto civiles como separatistas—.

Debido a los cambios que iban ocurriendo a finales del siglo XX, se temía por el inicio de una guerra civil o por un golpe de Estado, los cuales podrían debilitar al gobierno central y al aparato político nacional —que mantenía a raya a los aparatos políticos regionalistas—. La transición a la democracia sirvió no solo como un proceso político que consolidó a la democracia mexicana en el año 2000, sino también como una válvula de escape con la que se liberaba presión para evitar una guerra civil. No obstante, los esfuerzos no fueron suficientes y el fin del viejo régimen y su estructura de poder, en especial su jerarquía, junto con el fin de su modelo económico —centrado en el control y la estabilidad nacional— significaron una ventana de oportunidad para nuevos grupos de poder, algunos ‘legales’ y otros ilegales, como las organizaciones criminales.

Esto produjo el inicio de una seudoguerra civil con dos dimensiones: la política y la armada. La primera se evidencia con la actual lucha entre Morena —la facción unipartidista—, de la mano de diversas instituciones nacionales, contra la oposición mexicana —parte de la facción tecnócrata—; la segunda se refleja en la llamada guerra contra las drogas en México. A partir de esto, es fundamental recapitular sobre lo que ha ocurrido en el país las últimas dos o cuatro décadas.

Aunque siempre se señala a Felipe Calderón Hinojosa como el principal artífice de la crisis de inseguridad, en realidad, el expresidente mexicano solo reaccionó a una dinámica que había comenzado años atrás. Desde principios del siglo XX ya existían confrontaciones militares e intensas protestas sociopolíticas —estas segundas, resultado del levantamiento zapatista en 1994—. En este punto, cabe ponerse en el lugar del entonces presidente: siendo el segundo mandatario de un partido de la oposición y con un congreso controlado por el partido exoficialista —el PRI— y varios grupos de interés que todavía pertenecían a la vieja estructura de poder, Felipe Calderón no se encontraba en un escenario favorable.

La situación era crítica entonces como lo es ahora, y su respuesta —que habría sido la de cualquier presidente mexicano— fue enviar al Ejército a resolver el problema, pues conviene señalar que este no funcionaba como un Ejército tradicional, sino como una fuerza de seguridad interna para el Estado mexicano. A pesar de su decisión, el expresidente no pudo desplegar la fuerza total del Estado: por un lado, existían límites políticos y jurídicos —estos segundos resultado de las reformas que destruyeron al régimen unipartidista—; por otro lado, y más importante, es que la respuesta que necesitaba el país para terminar con la crisis habría requerido de una gran movilización de recursos y fuerzas militares que provocaría una inestabilidad nacional de impresionante magnitud. No hubiera sido razonable, para ningún mandatario sin importar su partido, responder con la fuerza necesaria para terminar con la crisis, especialmente siendo de la oposición. Calderón habría sido acusado de represión política y de atentar contra la democracia. De hecho, esas mismas presiones fueron las que evitaron que Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador pudieran acabar con la crisis de manera definitiva —algo que va de la mano del desarrollo de los conflictos de los ciclos de transición mexicanos, los cuales tienden a durar 3 décadas, no 6 años, como un periodo de mandato ejecutivo en el país—.

Por su parte, también es conveniente considerar a la corrupción bajo las métricas del análisis anterior. Tanto para los estadounidenses como para los mexicanos, la corrupción es inútil y contraproducente en el caso de México, pero esta, al ser un fenómeno social, responde a cuestiones geopolíticas. En tiempos del régimen unipartidista, era percibida como un tributo más que como un soborno, en otras palabras, existía un sistema tributario en el que diversos grupos, como las organizaciones criminales, ejercían como vasallos de la estructura de poder nacional y debían pagar a los grupos que pertenecían a esta cima, es decir, policías, militares y políticos del PRI. Asimismo, la corrupción funcionaba como un elemento que ayudaba al gobierno central y a la élite nacional a controlar la situación, favoreciendo a los políticos nacionales o manteniendo bajo control a diversos grupos de poder regionales y nacionales.

Cuando el viejo régimen murió, la jerarquía que sostenía ese sistema tributario se desmanteló y lo convirtió en un producto del reciente contexto geopolítico en el que había nuevos grupos de poder con nuevas capacidades, principalmente organizaciones criminales. Estas comenzaron a crear un gobierno en la sombra, producto tanto de la colaboración como de la supervivencia. La mayoría de las instituciones y el mismo sistema político mexicano no estaban preparados para dicha crisis. Ante esto, es importante subrayar que existen dos facciones en esta seudoguerra civil, con visiones diametralmente opuestas, lo que da pie a dos circunstancias: una en la que se crean límites y contrapesos a cualquier estrategia nacional y otra en la que existen dos estrategias divergentes que se contraponen, la primera busca recrear el sistema de pactos del pasado, lo que involucra colaborar con diversos grupos y la segunda que busca eliminarlos a largo plazo —centralizando el poder en el Estado y sus instituciones, autónomas o gubernamentales—.

México se enfrenta a un panorama en donde existen diversos seudocaciques y seudocaudillos regionales que imponen una realidad local propia en varias regiones y atentan contra el Estado central, lo que a su vez se suma al dilema que enfrenta México: si un gobierno fuera a responder realmente —o intentar responder— con la fuerza necesaria para lidiar con la crisis, ¿que implicaría eso? Estaríamos hablando de una confrontación armada de gran escala a nivel nacional y una purga inmensa del sistema político y económico nacional, en que cualquiera de las facciones, unipartidista o tecnócrata, estaría arriesgando todo.

Es por eso que la crisis de inseguridad, es decir, la guerra, no ha terminado todavía. Ninguna facción ha podido asegurar un control total de las instituciones nacionales como para intentar emprender tal proyecto. Para los estadounidenses y el público mexicano, la corrupción y la falta de respuesta del gobierno no tienen lógica, pero todo esto ha constituido una serie de jugadas cautelosas para intentar mantener el equilibrio nacional. Lo cual no quita el hecho que no se hayan cometido graves errores en diversas políticas de seguridad, pero la inactividad se debe a mucho más que solo corrupción o incompetencia. Todo esto tampoco significa que nunca habrá una respuesta definitiva o que la crisis no tendrá fin, eso que por cuarenta años mantuvo a México ‘estable’ ya se está desgastando y pronto, una de las facciones tendrá que tomar la decisión de lanzarse a dominar al país, lo cual ha sucedido en el pasado en dos ocasiones, primero contra Agustín de Iturbide y luego contra Plutarco Elías Calles.

Aunque no comprenda la falta de resolución del gobierno mexicano o la corrupción que en este impera, Estados Unidos no intervendrá en México. Resulta algo semejante a lo que enfrentó en Francia durante la Guerra Fría: en las décadas de 1970 y 1980, los estadounidenses, los israelíes y los británicos estaban luchando contra grupos terroristas en París, mientras que los franceses, aunque cooperaban, no querían convertir al país —en especial su capital— en una zona de guerra, lo que generaba choques con aquellos aliados que simplemente querían terminar con los terroristas y así ‘zanjar’ el problema. “[Los franceses] consideraban que la batalla por Europa, como se la denominaba a veces con grandilocuencia, era demasiado importante como para simplemente ganarla. Había que gestionarla sutilmente para llegar a un resultado aceptable, no a una solución” (Friedman, 2015/2016). Ese ha sido el caso para México en las últimas dos décadas. Pero el objetivo se ha ido erosionando hasta convertirse en una bomba de tiempo. Pronto veremos que la facción que buscará dominar al país ejecutará una respuesta que se verá como una crisis de violencia política como la que no se ha visto en más de siete u ocho décadas en México.