El contexto de las amenazas arancelarias de Trump

Sobre el primer caso, cuando en la década de 1980, Deng Xiaopeng reformó a China, solo lo hizo en un sentido económico, preservando las instituciones comunistas, es decir, cambió su modelo económico, pero se mantuvo el régimen político. Esto, en cierta medida, se asemeja a lo que busca lograr Claudia Sheinbaum, al intentar fusionar los objetivos socioeconómicos de la oposición con el intento por mantener vivo al régimen posrevolucionario en un sentido sociopolítico. El problema es que los contextos geopolíticos y cíclicos son diferentes en cada país.

Mientras China está en lo que podría considerarse como la mitad de su ciclo de regionalismo, México ya se encuentra al final del suyo. Deng Xiaopeng pudo mantener al régimen político comunista y reformar la economía nacional, lo que dio como resultado que China se pudiera convertir en una fábrica mundial. Esto, aunado al hecho de que Estados Unidos necesitaba a China para contener a la Unión Soviética durante la Guerra Fría, favoreció al movimiento reformista de Deng. De esta forma, lo que ha experimentado China es un proceso similar al que México experimentó hace un siglo en el Porfiriato, período durante el cual la economía creció y se desarrolló a un ritmo impresionante.

Al estar experimentando una transición que atenta contra su realidad geopolítica, México no podrá salvaguardar un régimen que se apegue a dicho panorama. En comparación, el régimen comunista chino no entraba en conflicto con su contexto geopolítico regionalizado durante su ascenso como la fábrica mundial. De ahí que, en realidad, el cambio que vive México se asemeja más al que experimentó Japón en el siglo XIX.

En cuanto al segundo caso, en 1853, Estados Unidos forzó a Japón por medio de la vía armada a abrirse al mundo y terminar con su etapa aislacionista. Poco tiempo después se presentó la posibilidad política de restaurar la autoridad del Estado central imperial, lo que a su vez dio paso a la Renovación Meiji, quince años después de la apertura, en 1868. Durante todo el período de la restauración, Japón terminó con los clanes y sus estatus políticos, eliminando una estructura política que privilegiaba el orden geopolítico regionalizado, lo que ayudó no solo a centralizar el poder en el emperador, sino también a consolidar una identidad nacional por encima de las identidades regionales (Michiko, 2011/2021). La magnitud de esto fue multidimensional, ya que implicó el abandono de la esencia japonesa y el cambio por una nueva, proceso similar al vivido por otros grupos a lo largo de la historia que pasaron de ser comunidades divididas y regionalizadas a convertirse en potencias unidas con un poder político centralizado.

Es por eso que Michiko (2011/2021) escribe: “La Renovación Meiji fue una verdadera Gran Revolución Cultural. En la historia mundial moderna, ninguna otra nación cambió tan drásticamente su sociedad, sus costumbres y prácticas económicas, así como su estructura política para crear una nación-Estado moderna.” Aunque la expresión de Michiko tiende a la exageración, la realidad es que la evolución que experimentó Japón fue inmensa, pero si tiene semejanza con los cambios que enfrentó Alemania durante el mismo período, al tiempo que contrasta con los procesos por los que han pasado otros países, solo que en diferentes períodos o bajo diferentes contextos geopolíticos.

De esta forma, al igual que Japón, Estados Unidos y Alemania en su momento durante el siglo XIX —y muchos países en otros puntos históricos—, México está ante una transición que atenta contra la supervivencia de su viejo régimen geopolítico y todo lo que implica en términos políticos, culturales, económicos y sociales. Previo a la Restauración Meiji, en 1865 las facciones gobernantes habían reconocido que el “principio de intercambio diplomático y comercial con Occidente” ya era un hecho aceptado, pero también que “estaban seguros de que ni el sistema dual de gobierno, ni el shogunato ni el militarismo feudal eran los adecuados para servir al Japón en sus nuevas relaciones con el exterior. Esas instituciones habían agotado su utilidad y eran inservibles” (Michiko, 2011/2021).

China fue el caso contrario a Japón, ya que necesitó modernizarse para evitar ser invadida y precisó de un régimen comunista cuyas instituciones sirvieran para mantener a las fuerzas regionalistas a raya. La necesidad de China implicó el abandono de una estructura sociopolítica y económica, así como el de una política cultural regionalista que no solo le permitiera sobrevivir a lo largo del siglo XIX, sino también sobresalir.

Al comparar ambos casos con la situación mexicana actual, lo que sucedió en Japón tiene más resonancia con México que los acontecimientos en China. Sheinbaum no presentó una propuesta económica diferente a la de Xóchitl Gálvez durante las elecciones del 2024, apostando por un México más conectado con la economía mundial (Araujo, 2025a). Por ende, el país está ante un contexto político donde existen facciones en el poder que reconocen que el intercambio diplomático y comercial con Occidente ya es un hecho en México.

El único problema es que el modelo socioeconómico mexicano está sujeto al régimen geopolítico que se imponga, sea este uno que busque gobernar a México como se hizo en el siglo XX o uno que priorice la creación de un nuevo México a lo largo del siglo XXI. El régimen posrevolucionario —revivido en 2024 mediante las reformas que resultaron de una victoria presidencial-electoral y el dominio del Congreso— no es compatible con el modelo socioeconómico de apertura de la propuesta contraria.

El viejo modelo que propone la facción unipartidista no puede permitir que fuerzas económicas extranjeras creen nuevos grupos de poder ajenos a su control directo, porque eso iría en contra de la lógica geopolítica del siglo pasado. Fue precisamente la apertura de México con la firma y ratificación del TLCAN en 1994 lo que propició el surgimiento de nuevos oligarcas que desestabilizaron el panorama socioeconómico nacional y de las organizaciones criminales mexicanas que en la actualidad fungen como agentes de poder y grupos paramilitares que controlan distintos territorios en el país. En contraparte, el otro posible régimen exige la dominación o incluso la eliminación de cualquier grupo de poder que se encuentre fuera de la estructura institucional y estatal.

Mientras un modelo prioriza la división de poder entre grupos que puedan apaciguar al país, el otro modelo prioriza la centralización del poder en las instituciones nacionales ciudadanas y la infraestructura del Estado central. Por ende, las políticas económicas del régimen posrevolucionario, en especial de aquellos que buscan apegarse a la realidad geopolítica regionalista, no son compatibles con los objetivos económicos y estratégicos estadounidenses, particularmente los del nuevo ciclo socioeconómico.